Busca gobierno de México acusar a sus militantes por lavado de dinero y no por narcotráfico

“¿Cuál es la diferencia entre la acusación en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y las nuevas investigaciones que hay en México y que llevaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a bloquear las cuentas?”, cuestiona la periodista Peniley Ramírez desde su cuenta de X para subrayar los datos que expuso en su columna del periódico Reforma.

Agrega que la acción de la UIF contra la red Rocha Moya parece una salida del gobierno para investigar y procesar a sus propios militantes en México.

La periodista subraya que, de acuerdo con su investigación, en la acusación de Nueva York están Rocha Moya y nueve funcionarios de su gobierno, así como del gobierno de Culiacán, pero ahora en el documento que obtuvo, muestra varios oficios, la Inteligencia Financiera de México está bloqueando cuentas.

Se incluyen, continua, varias empresas de los hijos de Rubén Rocha Moya y se muestra que estas empresas, según algunas investigaciones periodísticas, habían hecho contratos con el gobierno y también con factureras.

Asimismo, detalla que el 6 de mayo la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) envió a todas las instituciones de crédito, a los bancos, oficios relacionados con Rocha y con varias empresas, en donde se establece que las instituciones deben identificar si son clientes o usuarios, suspenderles cualquier operación o servicio, no abrirles nuevas cuentas, cancelar las que tengan y no entregarles el dinero depositado en dichas instituciones. “Los incluyeron en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Esta acción de la UIF en México, explica Peniley Ramírez, tiene elementos importantes que no figuran en la acusación de Nueva York: presume lavado de dinero e incluye a los hijos de Rocha, y a empresas que han tenido contratos con el gobierno. Puntualiza que todas las empresas fundadas por los hijos de Rubén Rocha Moya fueron incluidas en los oficios de la UIF del 6 de mayo para bloquear sus cuentas.

“El gobierno federal parece que explora una salida política a este embrollo: seguir sus propias investigaciones y procesar a sus propios militantes en México, más por la vía de la corrupción y el lavado de dinero que por la del narcotráfico”, concluye.