Editorial

La agudización de la crisis de ingobernabilidad en Sinaloa por los señalamientos internacionales de vínculos con el crimen organizado a diez funcionarios del gobierno estatal, entre los que destaca el gobernador, un senador y el presidente municipal de Culiacán, fortalece la percepción de una creciente captura de espacios por parte de bandas del crímen organizado, lo cual no puede ser tratado como episodios aislados ni como simples crisis política. Requieren investigación, responsabilidad y, sobre todo, Estado de derecho.

La inseguridad provocada por la violencia generalizada ha permeado en todas las actividades socioeconómicas y provocado una angustiante incertidumbre entre la población de Sinaloa.

El impacto de esta crisis se refleja en el turismo estatal, el comercio y la inversión. Oralia Rice, ex secretaria de Turismo estatal, nos señala en entrevista que Mazatlán y otros destinos de Sinaloa han resentido el clima de incertidumbre. Hoteles que cierran, empleos que se pierden y cadenas productivas que se fragmentan son síntomas de un mismo problema: la falta de condiciones básicas de seguridad y confianza. El turismo, que representa una de las principales fuentes de empleo del país y del estado, no puede sostenerse donde la percepción de riesgo crece y la autoridad se diluye.

Ante este entorno, desde Acción Nacional hemos sostenido una postura clara: ninguna autoridad puede estar por encima de la ley. Por ello, se han impulsado acciones jurídicas en distintas instancias, incluyendo la solicitud de juicio político contra el gobernador Rubén Rocha Moya, así como la petición para que el Senado analice la figura de desaparición de poderes en el estado de Sinaloa, conforme a lo establecido en la Constitución, pues no se puede ser tan inocente de pensar que sólo con cambiar de personaje en el gobierno, por alguien de su mismo equipo, se solucionarán los problemas.

En paralelo también mostramos nuestro respaldo absoluto a nuestra gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante las acusaciones, amenazas y acciones legales que ha emprendido contra ella el gobierno federal de Morena.

Hoy, lamentablemente, vivimos en un país donde quien es una gobernadora que combate al crimen organizado, que desmantela un narcolaboratorio, es citada a comparecer ante la Fiscalía General de la República, pero quien es un imputado por la corte de otro país –Rocha Moya-, y forma parte del partido oficialista se le defiende en automático y a ultranza desde “las mañaneras”.

Nuestra gobernadora Maru Campos no está sola, la acompaña no solamente el Partido Acción Nacional, también más y más mexicanas y mexicanos la respaldan por lo que hoy representa: la dignidad al gobernar, el combate al crimen organizado, lo que se espera de los servidores públicos en este país. #YoConMaruPAN