El INE, de la certeza a la duda

El Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Nacido como un contrapeso ciudadano frente al poder político, hoy enfrenta cuestionamientos crecientes sobre su independencia, particularmente tras la reciente integración de tres nuevos consejeros identificados por amplios sectores como cercanos al obradorismo.

El problema no es menor. La fortaleza del INE ha radicado, durante décadas, en su capacidad para generar confianza entre actores políticos rivales. Su diseño institucional buscó precisamente evitar la captura por parte del gobierno en turno, una lección aprendida tras décadas de elecciones cuestionadas. Sin embargo, el proceso de designación más reciente ha encendido alarmas sobre un posible desplazamiento de ese equilibrio.

No se trata únicamente de afinidades personales o trayectorias previas. El punto de fondo es la percepción —cada vez más extendida— de que el órgano electoral está siendo gradualmente “colonizado” por el proyecto político en el poder. Cuando la mayoría de los nombramientos responde, directa o indirectamente, a una misma lógica política, el riesgo no es sólo la parcialidad en decisiones específicas, sino la erosión de la credibilidad institucional.

La llegada de nuevos consejeros con vínculos cercanos a Morena refuerza esa preocupación. Aunque formalmente el INE mantiene su autonomía, la independencia real de un órgano colegiado depende de la diversidad de sus integrantes y de su disposición a actuar con criterios técnicos por encima de lealtades políticas. Cuando ese equilibrio se rompe, incluso sin violaciones explícitas a la ley, el daño se traslada al terreno de la confianza pública.

Las consecuencias pueden ser profundas. En un sistema democrático, la legitimidad de las elecciones descansa en la certeza de que la autoridad electoral es imparcial. Si amplios sectores de la oposición comienzan a percibir al INE como un árbitro inclinado, el riesgo es la deslegitimación de los procesos electorales. La historia reciente de América Latina ofrece múltiples ejemplos de cómo la erosión de los órganos electorales puede convertirse en el primer paso hacia regresiones autoritarias más amplias.

Más aún, este proceso fortalece la narrativa opositora de que el oficialismo busca concentrar el poder debilitando a los contrapesos institucionales. En un contexto de alta polarización, cada decisión del INE será leída bajo esa lente, lo que dificulta su labor y profundiza la desconfianza.

El INE no sólo debe organizar elecciones, sino sostener la credibilidad de todo el sistema democrático. Para ello, requiere algo más que autonomía formal: necesita recuperar la percepción de imparcialidad que hoy se encuentra bajo presión. De lo contrario, el país podría enfrentar un escenario en el que las reglas del juego electoral sigan vigentes, pero la confianza en quienes las aplican se deteriore de manera irreversible.