La incertidumbre y la economía

México lleva años atrapado en una paradoja económica que debería encender todas las alertas: estabilidad macro sin crecimiento suficiente. Las cifras son elocuentes. En los últimos siete años el país ha crecido, en promedio, menos de un punto porcentual al año. Ese ritmo no alcanza para cerrar brechas sociales, ni para absorber a una población joven que demanda empleo, ni mucho menos para capitalizar la oportunidad histórica del nearshoring.

Esta falta de crecimiento está totalmente correlacionada con una caída en la inversión, fundamentalmente la privada. Y es que la inversión no es un acto de fe ni un gesto patriótico, sino una decisión racional basada en reglas claras, instituciones confiables y horizonte predecible. Cuando esos elementos se erosionan, el capital simplemente busca otro destino.

En ese contexto, resulta preocupante que decisiones recientes vayan exactamente en sentido contrario. La reforma judicial de 2024 y la “elección” del año pasado introducen dudas legítimas sobre la independencia de los tribunales y la estabilidad de los criterios jurídicos. Para cualquier inversionista, nacional o extranjero, la pregunta es inevitable: ¿quién resolverá las controversias y con qué grado de autonomía?

A ello se suma la reciente resolución de la Suprema Corte que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas sin orden judicial previa. Más allá de su aparente lógica en el combate al lavado de dinero, el mensaje que envía es delicado: el Estado puede afectar el patrimonio sin control judicial ex ante. En términos económicos, eso se traduce en riesgo. Y el capital, por definición, es averso al riesgo.

Y ni qué decir de la violencia que padece el país y las extorsiones contra pequeños y medianos empresarios, situación grave que también desalienta la inversión.

Un sistema que privilegia la discrecionalidad sobre la certeza erosiona la confianza. Y sin confianza, no hay inversión. Y sin inversión, no hay crecimiento económico. Y sin crecimiento económico, será imposible reducir los altos índices de pobreza y desigualdad que padece el país.

México tiene ventajas estructurales innegables: ubicación geográfica, integración con Estados Unidos, una base industrial relevante. Pero esas ventajas no son suficientes si no se acompañan de un entorno institucional sólido.

La discusión de fondo es clara. Si el país quiere crecer al 3 o 4 por ciento anual —y no resignarse al estancamiento— necesita detonar un ciclo de inversión sostenida. Eso implica mandar señales inequívocas de respeto a la ley, a los contratos y a la propiedad. Implica reducir la incertidumbre, no ampliarla.

En economía, las señales importan. Y hoy, lamentablemente, muchas de ellas apuntan en la dirección equivocada.