Menos campañas, más gobierno

En Baja California Sur los problemas crecieron muchísimo más rápido que las soluciones.

La inseguridad aumentó. La movilidad colapsó. El acceso al agua se volvió una angustia cotidiana para miles de familias. Las colonias populares siguen abandonadas. Los servicios públicos están rebasados. Y mientras ciudades como Los Cabos viven un crecimiento explosivo, pareciera que el gobierno perdió completamente la capacidad de planear, ordenar y darle dignidad a la vida de la gente.

Hoy tenemos un gobierno estatal que públicamente reconoce sentirse rebasado por municipios como Los Cabos. Y quizá lo más grave no es aceptarlo, sino resignarse a ello.

Porque mientras Baja California Sur enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia reciente, muchos políticos ya están pensando en la siguiente elección.

Ese es el verdadero problema de fondo.

Llegan a la silla prometiendo transformar el estado… y a los pocos meses comienzan a operar políticamente su siguiente cargo.

En lugar de presumir resultados de gobierno, presumen espectaculares.

En lugar de resolver problemas, llenan bardas con sus nombres.

En lugar de gobernar, construyen campañas anticipadas disfrazadas de “cercanía con la gente”.

Y todavía tienen el descaro de decir que “la gente los promueve”, como si los ciudadanos espontáneamente hubieran decidido organizar estructuras territoriales, brigadas, espectaculares, campañas digitales y operaciones políticas millonarias para posicionarlos.

La realidad es otra.

Todos sabemos que detrás de esas campañas permanentes existe operación política, estructuras gubernamentales, movilización territorial y enormes cantidades de recursos que difícilmente podrían sostenerse sin respaldo desde el poder.

Y eso no solamente es inmoral.

Es ilegal.

El artículo 134 de la Constitución establece que los recursos públicos deben utilizarse con imparcialidad y prohíbe la promoción personalizada de servidores públicos.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales también prohíbe los actos anticipados de campaña y precampaña, precisamente para evitar ventajas indebidas y proteger la equidad democrática.

Porque la democracia deja de ser democrática cuando algunos utilizan el poder público para adelantarse electoralmente mientras los ciudadanos siguen esperando resultados.

Lo más preocupante es la sensación de impunidad.

Muchos políticos actúan como si fueran intocables. Como si ya existieran acuerdos políticos o electorales que les garantizaran protección sin importar cuánto violenten la ley.

Y ese comportamiento comienza a parecerse peligrosamente a los regímenes donde el poder deja de tener límites.

Cuando un gobierno permite que se normalice la propaganda política ilegal, el abuso del poder y la utilización permanente de recursos públicos para promoción personal, lo que realmente se erosiona no es solamente la legalidad electoral.

Se erosiona la confianza ciudadana.

Porque el mensaje que recibe la sociedad es devastador: que la ley solamente aplica para algunos.

Baja California Sur no necesita políticos desesperados por la siguiente candidatura.

Necesita servidores públicos obsesionados con resolver problemas.

Necesita gobernantes que dejen de vivir en campaña y comiencen a vivir en la realidad de las familias que pasan semanas sin agua, horas atrapadas en el tráfico o con miedo por la inseguridad.

Necesita instituciones electorales valientes.

Porque también hay que decirlo con claridad: las autoridades electorales no pueden seguir actuando solamente cuando ya empezó formalmente el proceso electoral o cuando el daño ya está hecho.

El Instituto Estatal Electoral, el INE y los tribunales electorales tienen la obligación constitucional de garantizar equidad en la contienda y frenar cualquier acto anticipado de campaña.

Y las sanciones deberían ser ejemplares.

Desde multas reales y retiro inmediato de propaganda ilegal, hasta la pérdida del derecho a registrarse como candidatos cuando exista una violación sistemática y evidente de la ley.

Porque si violar la ley sale barato políticamente, entonces cada elección será más desigual que la anterior.

Y Baja California Sur no puede darse ese lujo.

Nuestro estado necesita menos propaganda y más gobierno.

Menos ambición personal y más visión de futuro.

Menos políticos pensando en el siguiente cargo… y más líderes pensando en la próxima generación.

Susana Zatarain es senadora de la República por Baja California Sur.