Crítica al Paquete Económico 2026: autoritarismo, incongruencia, ineficiencia e inequidad fiscal

El Paquete Económico 2026 confirma la consolidación de un modelo de gobierno que combina centralismo, endeudamiento y asistencialismo electoral. Bajo el discurso de justicia social y prosperidad se esconde una estructura de poder que concentra decisiones, reduce la autonomía de los estados y debilita los contrapesos institucionales. Lejos de promover el desarrollo económico, el presupuesto 2026 perpetúa un esquema de gasto ineficiente, déficit creciente y política tributaria regresiva.

Bloque I. Autoritario: centralismo y control presupuestal

El Ejecutivo federal concentra el 73.9 por ciento del gasto total, relegando a estados y municipios a una participación de apenas 26.1 por ciento, la más baja en décadas. Este desequilibrio vulnera el federalismo y convierte al presupuesto en un instrumento de control político. Los recortes al Poder Judicial y al Tribunal Fiscal confirman una estrategia de sometimiento institucional. Las transferencias federales se otorgan bajo criterios discrecionales, subordinando a los gobiernos locales a la voluntad del Ejecutivo. En lugar de fortalecer capacidades regionales se castiga la independencia. Desde la visión panista, la recentralización del gasto destruye la libertad municipal y el principio republicano de equilibrio de poderes. Un verdadero federalismo requiere corresponsabilidad, no obediencia, cooperación, no imposición.

Bloque II. Incongruente: discurso de bienestar, realidad de estancamiento

El gobierno presume prosperidad, pero los datos desmienten su narrativa. El crecimiento promedio es de 0.42 por ciento anual, la deuda pública asciende a 20 billones de pesos (52.3 por ciento del PIB) y la informalidad laboral supera el 54 por ciento. Más de 54 millones de personas carecen de servicios de salud, el presupuesto educativo apenas crece 1.1 por ciento real, y los homicidios superan los 30 mil anuales. El deterioro institucional es evidente: Pemex acumula pérdidas, el medio ambiente sufre abandono y el gasto social se utiliza como herramienta política. Los programas de transferencias, aunque amplios, carecen de evaluación y transparencia. Se distribuye dinero, no bienestar. Esta incongruencia revela un modelo de Estado paternalista que mantiene a millones de familias dependientes de subsidios en lugar de integrarlas al empleo productivo. Acción Nacional defiende el principio de libertad económica y responsabilidad individual: la política social debe empoderar, no someter.

Bloque III. Ineficiente: más gasto, menos resultados

El presupuesto 2026 asciende a 11.74 billones de pesos, pero los resultados son decrecientes. El costo financiero de la deuda supera 1.54 billones, más que toda la inversión pública. El país paga más por el pasado que lo que invierte en su futuro. Mientras tanto, el gasto corriente se expande sin control y la inversión productiva cae. Los subejercicios en salud rebasan los 72 mil millones de pesos, la infraestructura se detiene y los recursos se desvían a programas de bajo impacto económico. La falta de evaluación, transparencia y planeación genera un círculo vicioso de deuda improductiva. Desde la visión panista, el Estado debe gastar con eficiencia y responsabilidad. Cada peso público debe tener retorno económico y social verificable. México necesita una regla fiscal estricta que vincule el endeudamiento a proyectos estratégicos, no a gasto político. La eficiencia fiscal es una obligación moral: no se trata de gastar más, sino de gastar mejor.

Bloque IV. Inequidad fiscal: el IEPS 2026 como carga regresiva

El nuevo IEPS 2026 profundiza la injusticia tributaria. Bajo la bandera de salud y equidad el gobierno aumenta las cuotas a tabacos, bebidas azucaradas, juegos y plataformas digitales. Sin embargo, estos gravámenes recaen desproporcionadamente en los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor parte de su presupuesto al consumo de bienes gravados. La recaudación adicional estimada es de 79 mil millones de pesos anuales, pero a costa de mayor desigualdad y expansión de la informalidad. Lejos de promover hábitos saludables, el IEPS actual castiga el consumo popular, fomenta el contrabando y distorsiona los mercados. Desde la visión panista este impuesto debe transformarse en un instrumento de salud y productividad, no de castigo y control. El PAN propone vincular su recaudación a fondos específicos de salud preventiva, educación nutricional e innovación productiva, con revisión trianual y reglas de transparencia. La proporcionalidad y el destino claro del IEPS son esenciales para restaurar su legitimidad fiscal.

Conclusión

El Paquete Económico 2026 concentra el poder, disfraza el estancamiento, desperdicia el gasto y agrava la inequidad. Es autoritario porque somete a los estados, incongruente porque promete sin resultados, ineficiente porque gasta sin transformar e injusto porque grava sin equidad.