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Por Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
Los servidores públicos somos los encargados de dirigir aquellas actividades que tienen como fin último el bien común. La responsabilidad y el apego a la ley son dos condiciones de vital importancia en el desempeño de nuestras funciones, mismas que definen el rumbo de todos quienes habitamos el municipio.
Según cifras del INEGI en el 2017 hubo en el país un total de 1 millón 012 mil 348 servidores públicos adscritos a las diversas instancias de los municipios; entre estos, no todos cuentan con el mejor perfil ni la experiencia suficiente que garantice a los ciudadanos el adecuado ejercicio de sus funciones.
De la cifra anterior podemos destacar que alrededor del 48.3 por ciento de los Presidentes Municipales de nuestro país cuenta con una licenciatura, el 5.6 con maestría y el 1.2 con doctorado; estos números debieran mostrar datos mucho más alentadores al tratarse del cargo más representativo del municipio, el cual se encuentra a la cabeza de las acciones que desde toda la esfera gubernamental local se llevan a cabo. Por otro lado, de un total de 2 mil 427 Presidentes Municipales cuestionados en el último Censo Municipal y Delegacional, más de la mitad de ellos (53.8 por ciento) no contó con un mínimo de tres años de experiencia en su cargo.
Las demandas ciudadanas requieren que los servidores públicos cuenten con experiencia y conocimientos suficientes para hacer frente a estos desafíos. Derivado de lo anterior han surgido actualmente diversos instrumentos, tales como cursos, diplomados, foros, seminarios y certificaciones, cuyo objetivo es el de generar perfiles adecuados para los cargos públicos.
La certificación como tal es un mecanismo para lograr la profesionalización tan necesaria entre los empleados locales, contar con ella garantiza un personal capacitado para llevar a cabo eficientemente sus funciones.
Hay diversas entidades de la República que han determinado como obligatoria la certificación de sus funcionarios públicos municipales. El estado de Hidalgo, por ejemplo, publicó el 9 de mayo de 2016 en su Gaceta Oficial una reforma a su Ley Orgánica Municipal que obliga a quienes pretendan ocupar los cargos de Secretario General Municipal; Tesorero Municipal; titular de la Contraloría, el Registro del Estado Familiar, Obras Públicas, Reglamentos y Espectáculos, además de Protección Civil, a estar certificados.
En el Estado de México también se reformó el artículo 92 de su Ley Orgánica Municipal con el objetivo de volver obligatorias las certificaciones y la experiencia mínima de un año para ocupar los puestos de Secretario del Ayuntamiento, Tesorero, Director de Obras Públicas, Director de Desarrollo Económico o equivalentes; además, dichos certificados deben ser emitidos por el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM). En Chiapas, por otro lado, el artículo 39 de su Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal la señala obligatoria para ejercer los cargos de: Secretario Municipal, Tesorero Municipal y Director de Obras Públicas Municipales.
Cabe agregar que el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) es la entidad encargada de validar oficialmente los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en el trabajo o a lo largo de la vida de las personas, pero además es la única instancia del Gobierno federal que tiene este propósito. Ello demuestra la necesidad de implementar políticas y acciones en pro de esta temática.
En la ANAC estamos comprometidos con la certificación de los funcionarios públicos locales, es sin duda un punto prioritario para nosotros. Para ello, contamos con el Sistema para la Profesionalización y Capacitación Municipal (SIPROCAM), mismo que ofrece tres ejes de formación: el primero de ellos es educación formal que engloba la Licenciatura en Gobernanza y Gestión Local, la Especialidad en Gestión de Proyectos y un programa de Técnico Superior Universitario, además de diplomados en varios temas. El segundo eje se refiere a la educación continua por medio de capacitación directamente en los municipios o bien en el aula municipalista, además de capacitación virtual. El tercer eje se refiere precisamente a la certificación, misma que se obtiene luego de tomar alguno de nuestros tres cursos en línea.
Por otro lado, hemos formulado una Política de Certificación de los Servidores Públicos Municipales que se integre por un Órgano Coordinador Estatal, Instituciones de Educación Superior, ex Funcionarios Públicos Municipales y Asociaciones Municipalistas. Asimismo, estamos trabajando de la mano con el diputado Leopoldo Domínguez González, Presidente de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL). Todo ello con el único propósito de incentivar la certificación entre los servidores públicos.
No se puede descuidar una temática tan delicada como esta que pone en juego los intereses y destinos de todos los ciudadanos, en el entendido de que los buenos servidores públicos son quienes impactan positivamente en la construcción de municipios fuertes, porque sólo con éstos se constituirán las condiciones de una vida mejor para todos.
<strong>Juan Manuel Gastélum Buenrostro</strong> es Alcalde de Tijuana, Baja California.
<strong>Twitter: @ALCDETI</strong><br><br>https://www.revistalanacion.com/noticia/certificacion-para-la-funcion-publica-municipal/2018-10-18)
