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Por Javier Brown César.
El Partido Acción Nacional es la opción política que con mayor fuerza ha elaborado las ideas relativas a la justicia social, cuyos ejes son la lucha contra la pobreza, la limpieza en el ámbito de lo público y la vigencia de un vigoroso régimen democrático. La Proyección de Principios de Doctrina de 1965 comienza el apartado sobre el tema, en los siguientes términos: “La miseria y la ignorancia se deben al desorden moral, económico y político, y sólo podrán evitarse mediante un orden justo, basado en el reconocimiento de los valores espirituales y en la realización del bien común, de acuerdo con las situaciones históricas concretas”.
La tesis del primado del orden político defendida por Efraín González Luna, implica la comprensión puntual de que los problemas nacionales tienen su origen en el desorden de los asuntos públicos, en la renuncia a la adopción de valores espirituales y en la lacra de una autoridad que ha renunciado a la construcción del bien común. Resultan así los grandes males nacionales: la miseria provocada por un sistema económico no domesticado por imperativos éticos y políticos, y la opresión que resulta de un sistema político contrario al bien común.
Un gobierno alejado de los imperativos arquitectónicos del bien común, se arroga privilegios que no le corresponden, distribuye las cargas y los beneficios de forma inequitativa, construyendo la prosperidad de unos pocos sobre las ruinas de la pobreza, la miseria generalizada y el abandono del municipio y del campo, con formas de organización contrarias a la democracia. La justicia social se construye sobre las bases de la confianza y la limpieza en la vida pública, en un orden democrático y libre, tal como afirmaba Manuel Go?mez Morin en 1944: “no hay caminos para la justicia social en el rencor y en la conspiracio?n; no hay posibilidades de su suficiencia y de seguridad para todos, en la destruccio?n y en la anarqui?a; no hay vi?as abiertas a la reforma social, en el caso del desorden y del aprovechamiento corrompido. La justicia social es flor de convivencia humana ordenada y libre, segura y suficiente, fraternalmente solidaria; es la tranquila convivencia en el orden”.
Para Acción Nacional la justicia social tiene como objetivos promover el acceso de las personas, en particular de quienes viven en situacio?n de desventaja, a bienes materiales y espirituales, para que las comunidades vivan de la manera ma?s justa, equitativa y equilibrada que sea posible. De esta forma, el bien comu?n es el objetivo principal de la justicia social y en tanto que un fin noble requiere el uso de medios nobles, como son la igualdad esencial y la solidaridad, el respeto a la libertad y a la dignidad de la persona humana.
Contraria a la justicia social es una administración pública de corte patrimonialista, que utiliza los recursos públicos para beneficio personal y a las instituciones con fines facciosos y particulares. La Proyección de 1965 criticaba el uso faccioso de la administración: “Es injusticia social abusar de la autoridad y de los puestos pu?blicos; negarse a cooperar en las transformaciones sociales, econo?micas o poli?ticas que exige el bien comu?n; aprovechar posiciones de influencia para negociar con derechos ajenos de personas o comunidades; renunciar a la defensa de derechos, garanti?as fundamentales, o fomentar, por accio?n o por omisio?n la desorientacio?n de las conciencias, el abstencionismo, la desercio?n y el servilismo”.
Este significativo párrafo critica de forma abierta a la administracio?n pu?blica patrimonialista y clientelar, caracterizada por el influyentismo y la connivencia. Acción Nacional ha propuesto, en cosecuencia, un nuevo modelo de servicio público que implica el compromiso social, la imparcialidad, la disposicio?n para servir sin distincio?n alguna y la capacidad para formar ciudadani?a desde el a?mbito pu?blico. Este anhelo de contar con un servicio pu?blico profesional y guiado por imperativos éticos comenzo? a hacerse realidad con la publicacio?n, en 2003, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administracio?n Pu?blica Federal. No obstante, las administraciones pu?blicas distan todavi?a mucho de alcanzar el ideal promovido por el partido en 1965. Hoy la ética en el servicio público se basa en ciertos mínimos exigibles y en valores formales a los que hay que dotar de contenido: se postula la honestidad pero no se establecen las acciones que caracterizan a la persona honesta, se habla de imparcialidad, pero en ocasiones la administración pública se ve paralizada por la falta de compromiso ético auténtico.
La justicia social demanda también el reconocimiento común de un orden ético jurídico vinculante, que ordene la convivencia humana, así como la vigencia plena de un orden político democrático, basado en la limpieza de las elecciones y en el recto ejercicio de la autoridad. Sólo la democracia garantiza plenas libertades, la independencia auténtica de las organizaciones sociales frente al gobierno y el compromiso decidido por “la elevacio?n material y humana de la mayor parte de la poblacio?n, sobre todo en el campo, y la oportunidad de acceso a la propiedad de bienes de uso durable y de produccio?n, mediante una adecuada poli?tica de desarrollo y de reforma social”.
Hoy sigue siendo indispensable fortalecer el tejido social, con base en una cultura política que se inspire en el patriotismo de la Constitución, lo que implica el conocimiento de las normas básicas de convivencia y la defensa decidida de los derechos humanos que deben ser garantizados por el Estado, como prerrogativas esenciales de la persona humana. Esta cultura política demanda también la vigencia de un espacio público deliberativo en el que se puedan discutir en común principios básicos de justicia, que deben ser acordados para que toda sociedad sea ordenada y generosa.
No puede dejar de señalarse el papel crucial que tiene la libertad, garantizada por la democracia, en la realización de la justicia social: la libertad tiene un papel de primera importancia para garantizar que las personas puedan pensar y expresarse sin coacciones, convivir en el espacio público respetando los derechos de otros, así como para concretar la absoluta independencia de las diferentes formas de organización social con respecto al poder, y defenderlas de cualquier intento de cooptacion o manipulación.
La lucha contra la pobreza ha tenido y debe tener una alta prioridad para Acción Nacional, es a los pobres a quienes debemos dar un lugar de primera importancia, es su voz la que debemos hacer que se escuche por parte de quienes nos gobiernan; nuestra máxima deuda y nuestro mayor deber moral es para con ellos. Esta es precisamente la visión que esbozó Carlos Castillo Peraza, antes de ganar la Presidencia del Partido en 1993: “En un México de ecuaciones macroeconómicas casi perfectas, que dan como resultado 40 millones de mexicanos pobres, sueño con un Partido que asuma esa causa. Ésa, la de los agraviados económicamente; la de aquellos que ni siquiera pueden pensar en votar; porque antes tienen que pensar en comer. A esos quisiera yo que sirviera Acción Nacional, porque además son la mayoría, y son los que dan los triunfos. Los triunfos que posiblemente pueda dar una maquinaria, tal vez no sean los triunfos de los pobres, sino de los maquinistas”.
<strong>Twitter: @JavierBrownC</strong><br><br>https://www.revistalanacion.com/noticia/justicia-social/2018-07-20)
