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Por Alan Ávila Magos.
En 2010, el nombre de Paulette fue sinónimo de escándalo e indignación a lo largo y ancho de México. Todos conocimos la historia de esta niña, quien un día desapareció sin dejar rastro alguno en su propia casa. Al lugar asistieron peritos y binomios caninos para buscar pistas que dieran con el paradero de la menor de tan sólo 4 años. Incluso, los padres fueron arraigados para dar mayor certeza a la investigación. No hubo ninguna pista. El entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Alejandro Bazbaz Sacal, tomo las riendas de este asunto tan desconcertante y que no tenía ni pies ni cabeza. Tuvieron que pasar 10 días para que las autoridades “descubrieran” que la niña Paulette Gebara Farah estuvo sin vida debajo de su cama. De acuerdo a las versiones oficiales, el cuerpo siempre se encontró ahí, sólo que nadie se había percatado.
La reacción natural de los mexicanos fue de completa indignación. ¿Cómo era posible que durante 10 días nadie hubiese visto que la pequeña Paulette estuviera ahí todo el tiempo?, ¿cuál era la probabilidad de que los binomios caninos no hubiesen dado con el cuerpo de la niña desaparecida? Las preguntas fueron muchas ante el poco sentido común que prevalecía en la situación. Una vez más, la política y la seguridad se manejó como una obra de teatro, en la que los actores son nuestras autoridades. La ciudadanía mexicana, ese espectador silencioso, no aguantó más y comenzó a hacer presión ante la carente legitimidad del procurador. Fue así que el procurador Alejandro Bazbaz presentó su renuncia al entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, pues de acuerdo a sus palabras, “para que una Procuraduría pueda realizar sus funciones con eficacia, es indispensable que cuente con la confianza, credibilidad y respaldo de la gente a la que sirve. Cuando esto se pierde, resulta imposible cumplir la responsabilidad”.
La legitimidad de Bazbaz se esfumó por completo con justa razón y argumentos muy fuertes para no seguir confiando en su persona. Sin embargo, el mismo Peña Nieto al llegar a la Presidencia de la República lo rescató del olvido para nombrarlo en 2013 responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. En otros países con una mayor cultura democrática, sería impensable regresar al servicio público tras un fuerte escándalo donde nunca se esclareció qué fue del cuerpo de una menor durante 10 días enteros. Lo peor viene ahora con el anunció del nombramiento de Alberto Bazbaz como Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Es impensable que alguien como Bazbaz dirija el órgano federal encargado de la seguridad nacional, cuando no pudo manejar la situación de una niña muerta, ni resolver adecuadamente el caso que, en opinión de muchos críticos, nunca fue claro el proceso ni el desenlace. Confiar en sus manos el CISEN es una apuesta arriesgada que denota, una vez más, que la asignación de posiciones en el gobierno de Peña Nieto está plagada de desinterés por las verdaderas necesidades de la ciudadanía.
Las preguntas que ahora surgen son: ¿cómo manejará la información tan sensible que pasa por el organismo que debe velar por la seguridad nacional?, ¿qué intereses prevalecerán en la toma de decisiones?, ¿los del Gobierno federal, los del Presidente de la República o los de la ciudadanía?, ¿las autoridades serán capaces de actuar de una manera tan cínica como lo hicieron anteriormente? El precedente de este personaje no augura un buen desempeño para poder encabezar un organismo tan sensible. El riesgo también es alto, ya que las decisiones dentro del CISEN deben tomarse en el ámbito de lo privado, para evitar fuga de información. El problema viene en que al manejarse con reserva las autoridades responsables seguramente actuarán con mayor secretismo y la población en general no podrá saber en manos de quién dejan su seguridad.
Como ciudadanos que queremos terminar con las viejas prácticas del régimen priista, debemos luchar en contra de procesos de este tipo. No podemos permitir que sigan llegando perfiles corruptos a tomar decisiones que atentan contra el bien común. También es nuestra obligación seguir formando a las nuevas generaciones dentro de la política para que puedan comprender la naturaleza del servicio público. Debemos entender que antes de los intereses propios están los intereses de la ciudadanía.
Los jóvenes debemos encabezar estas luchas, para que no vuelvan a suceder casos como los de Paulette, en donde las autoridades demostraron que sólo defienden los intereses de aquellos que están allegados a las autoridades. No podemos permitir que la dignidad de la persona humana ni la justicia se sigan violentado por el mismo gobierno. México está cansado de tanto cinismo dentro de la política y nosotros como jóvenes podemos demostrar que podemos cambiar la manera de hacer política. Tenemos una responsabilidad muy grande y debemos atrevernos a enfrentar el reto de esta encomienda, para que no existan más funcionarios corruptos que se dedican a servirse y no a servir.
<strong>Alan D. Ávila Magos</strong> es Secretario Nacional de Acción Juvenil.
<strong>Twitter: @AlanAvilaMagos</strong><br><br>https://www.revistalanacion.com/noticia/la-inseguridad-de-la-seguridad-mexicana/2018-01-29)
