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Por Mauricio Kuri González.
Durante los primeros días del mes de septiembre de cada año, el Poder Ejecutivo hace entrega a la Cámara de Diputados del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, con el objetivo de ser analizado, discutido y aprobado por el pleno. El documento contiene los recursos programados de las administraciones públicas susceptibles a ser ejercidos para el próximo año.
El paquete de Presupuesto de Egresos ha sido presentado atendiendo los criterios macroeconómicos y de política económica, sin embargo, las circunstancias del contexto social parecen vislumbrar un escenario complejo para el país, por lo cual es importante conocer en su totalidad las reglas que giran en torno a los procesos y procedimientos de aplicación de la norma en comento.
El Proyecto del PEF 2018 no contempla grandes modificaciones respecto a 2017. La Federación consideró aumentar en 347 mil millones el monto final del presupuesto, quedando en 5 billones 236 mil 375 millones de pesos. De estos recursos, se estima un porcentaje del 71 para “Gasto Programable”, mientras que el 29 restante se destinará para “Gasto No Programable”.
En este contexto, mientras que el Proyecto del PEF señala un incremento nominal del 7 por ciento, la realidad muestra un crecimiento real del 4, considerando la inflación estimada por el Banco de México del 3 por ciento para el próximo año, lo cual muestra la insuficiencia para atender necesidades y servicios de las localidades.
De los Fondos de corte o impacto municipal prioritarios destacan: el Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), sin asignación de monto superior al programado; el Fondo para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN) se considera un incremento nominal del 8.8 por ciento y el Fondo Metropolitano, con un aumento porcentual de 0.9.
Si analizamos el Proyecto PEF de manera estricta, encontramos que además de su estructura compleja, la participación de los municipios en la programación de etiquetas procesos es completamente nula, siendo programados directamente por la Secretaría de Hacienda; por ejemplo, para 2017 se tienen considerados 72 Programas Federales Sujetos a Reglas de Operación, dos más que el año anterior, en varios de esos proyectos los municipios no tienen una función más allá que la de difundir o ser coadyuvantes del orden central.
Los mecanismos de acceso a financiamientos públicos deben ser eficientes. Por esta razón, es necesario llevar cabo un proceso de simplificación de las Reglas de Operación de los Programas Federales, en donde, de manera prioritaria, los municipios puedan tener acceso directo a los recursos federales.
Desde la ANAC hemos manifestado una postura firme para que los municipios puedan acceder a recursos de manera directa, transparentes y con procedimientos sencillos que faciliten su tramitación. Así pues, promovemos la creación de un Ramo Municipalista con recursos perfectamente identificados y distribuidos para cada uno de los municipios de México, sin distinción de partidos; solicitamos, asimismo, se revisen las fórmulas de distribución de los Ramos 28 y 33 a fin de cumplir con los criterios resarcitorios y compensatorios para los que fueron creados, por último, instamos a la creación de un Fondo para Capacitar y Profesionalizar a los servidores públicos municipales.
Resulta importante, además, permitir a los municipios allegarse de mayores fuentes de ingresos propios, para ello es necesario el cobro de los derechos por concepto de alumbrado, vía pública y exención de inmuebles federales y estatales. Para el primer caso, se propone eliminar los convenios de coordinación firmados entre las entidades federativas y la federación, y la cláusula que prohíbe a los municipios participar y cobrar por este derecho.
Para el segundo tributo, es indispensable, clarificar el cobro asociado a la facultad compartida del ayuntamiento, lo que permitirá enfrentar los cargos generados de la Comisión Federal de Electricidad, aminorando deudas por los servicios prestados. Finalmente, del último gravamen, eliminar la exención de los bienes de dominio público pertenecientes a la Federación y estados deberán pagar impuestos asociados a la propiedad inmobiliaria con la única excepción de aquellos que tengan un objeto social justificado.
Históricamente han sido mínimas las modificaciones que la Cámara de Diputados ha realizado a la base programática del presupuesto de egresos. Por esta razón, los legisladores deben hacer uso de sus facultades con el objetivo de ampliar la dotación de los recursos a los gobiernos municipales. En suma, es importante asegurar dentro del Proyecto del PEF las condiciones necesarias para fortalecer y potenciar el desarrollo de las administraciones públicas locales.
<strong>Mauricio Kuri González</strong> es alcalde de Corregidora, Querétaro.
<strong>Twitter: @makugo</strong><br><br>https://www.revistalanacion.com/noticia/proyecto-de-presupuesto-de-egresos-2018/2017-11-10)
