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Por Marco Antonio Adame Castillo.
El informe de los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los trágicos acontecimientos de Iguala, recientemente divulgado, no sólo exhuma a los cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, sino que también expone la fragilidad de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia de nuestro país. La sola posibilidad de que todo lo dicho en la llamada verdad histórica carezca de sustento ya es demoledor; la larga lista de recomendaciones supone una nueva investigación a lo largo de toda la cadena de hechos y actuaciones de víctimas y autoridades concentradas en los cincuenta y cinco tomos de la investigación y abre la posibilidad de conocer la verdad y castigar a los responsables, o por lo menos ese debería ser el propósito.
Más allá de las reacciones y de los llamados indignados en favor de la justicia, lo importante es llenar los vacíos de poder, espacios de impunidad e injusticia a los que Edgardo Buscaglia se refería como falta de controles judiciales para garantizar impartición de justicia pronta y expedita.
Los vacíos de poder, caracterizado por amplias áreas de opacidad ocupadas por el crimen organizado y la delincuencia donde se recrea la corrupción a todos los niveles, explican el colapso de las instituciones. Es claro que si no se generan y se hacen valer los controles institucionales y sociales no será posible cambiar el panorama negativo del país ni recuperar la confianza y la credibilidad en las autoridades. Es definitivo que mientras las investigaciones de los casos de corrupción sean encargadas a un subordinado, como sucedió con “la Casa Blanca” que involucró al Presidente y su familia, el país no se limpiará, no habrá confianza ni credibilidad y tampoco habrá justicia.
Parece lejana la posibilidad de esclarecer hechos tan trágicos como los de Iguala dada la fragilidad institucional reflejada en corrupción e incompetencia. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es poner en marcha controles institucionales con reformas legales y nuevas prácticas en la administración y procuración de justicia para fortalecer el Estado de Derecho e implementar los sistemas anticorrupción y de trasparencia.
Por ello es tan importante la tarea de la nueva Legislatura, ya que en sus manos está darle forma y diseño institucional a la legislación secundaria y adicional en materia de Estado de Derecho y anticorrupción, tal y como lo reconoce el propio Presidente en el primer punto de su decálogo. Además, no es menor la propuesta de adoptar prácticas institucionales para la llamada justicia cotidiana, lo que supone algo más que un anuncio a modo del informe presidencial, ya que requiere de una agenda para empoderar al ciudadano con nuevas facultades al momento de ejercer sus derechos y de garantizar la transparencia y legalidad, hoy ausente en la mayoría de la dependencias que tienen que ver con sus reclamos.
Se trata, en suma, de instalar controles para precisar las obligaciones del servidor público y sus inevitables responsabilidades y de usar la fuerza institucional para cerrar el paso a investigaciones mal hechas o interesadas. En resumen, se requiere un nuevo sistema de justicia penal para dirimir de cara al ciudadano los grandes litigios y de instalar prácticas de justicia diaria en los asuntos que hacen la vida del ciudadano justa y digna.
Tal como lo afirma Daron Acemoglu en su obra <em>Por qué Fracasan los Países</em>, la base de la estabilidad y el desarrollo del país, y la respuesta para canalizar las preocupaciones, el desencanto y el pesimismo sobre el rumbo del país pasa por el desarrollo institucional, por asegurar controles institucionales que impidan que las élites poderosas dejen de manipular las reglas para beneficiarse en detrimento de la mayoría, por recuperar la capacidad de autoridades e instituciones para dar respuesta eficaz a las demandas sociales, en los pequeños y grandes asuntos, en especial con garantizar la demanda de justicia, pronta, expedita y gratuita.
<strong>Marco Antonio Adame Castillo</strong>, ex Secretario de Acción de Gobierno del CEN del PAN. Twitter: @MarcoAdame<br><br>https://www.revistalanacion.com/noticia/vacios-de-poder/2015-09-25)
