¿El tiro de gracia a la democracia mexicana?

Finalmente, y después de meses de especulación, el Gobierno federal dio a conocer su propuesta de reforma electoral. Algunos de sus principales elementos son la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y a la autoridad electoral; el cambio en la forma de elegir a los diputados de representación proporcional; la eliminación de la lista plurinominal del Senado; la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares; la regulación del uso de Inteligencia Artificial y la reducción de los tiempos de radio y televisión en periodo electoral.

Claramente, esta reforma parece diseñada para institucionalizar un nuevo régimen de partido hegemónico. Es una reforma que castiga severamente a los partidos que no son parte del oficialismo y que distorsiona la voluntad popular, al permitir una clara sobrerrepresentación en el Senado y experimentar con un diseño novedoso pero confuso para la integración de la Cámara de Diputados.

Al desaparecer el PREP y debilitar financieramente al INE, la reforma puede regresar a los oscuros tiempos en los que la organización de las elecciones no era ciudadana ni tampoco profesional ni imparcial.

Además de lo que contiene, esta reforma es nociva por lo que no incluye. En efecto, no se contempla ningún mecanismo para atacar lo que quizá hoy es el principal problema de nuestra democracia: la infiltración del crimen organizado en las campañas electorales.

El crimen organizado introduce recursos ilícitos, amenazas o violencia selectiva que rompen la equidad. Esta infiltración suele acompañarse de intimidación a rivales, cooptación de estructuras locales y control territorial. Esto desalienta la participación ciudadana, reduce la pluralidad y puede convertir regiones enteras en espacios de “elección controlada”. Una vez en el cargo, el funcionario puede influir en policías municipales, fiscalías, contratos públicos, obra y permisos.

Cuando la ciudadanía percibe que campañas y gobiernos están penetrados por intereses ilícitos, aumenta el cinismo político y disminuye la participación electoral. La democracia pierde legitimidad, incluso si el proceso formal se cumple.

Desde 2018 hemos asistido a un meticuloso proceso de concentración de poder y de construcción de un nuevo régimen autoritario. El obradorismo ha debilitado el pluralismo, hostigado y perseguido a los opositores, censurado voces críticas, utilizado una retórica polarizante, capturado el discurso público, militarizado la vida pública y eliminado a los órganos constitucionales autónomos. Con la reforma judicial, aprobada siniestramente en septiembre de 2024, se terminó formalmente con la separación de poderes en México. No es exagerado afirmar, por lo tanto, que de aprobarse esta reforma electoral se daría el tiro de gracia a la moribunda democracia mexicana.